En la provincia de Buenos Aires ha surgido controversia debido a un proyecto de ley presentado por el Frente de Todos en la cámara de Diputados que busca regular a las aplicaciones de delivery, el cual ha generado preocupación entre los repartidores que trabajan a través de plataformas digitales. El proyecto, que propone crear un registro de trabajadores y otorga al Poder Ejecutivo bonaerense una serie de atribuciones que preocupan tanto a empleados como a empleadores, ha sido aprobado en la Cámara de Senadores y se espera su discusión en Diputados. Los trabajadores que prestan servicios a empresas como Rappi y PedidosYa ya han manifestado su rechazo al proyecto y han convocado a una reunión en la legislatura bonaerense en la que expresan su preocupación por su fuente de ingresos.
El proyecto de ley impactaría directamente a las empresas Rappi y PedidosYa, que cuentan con 25.000 repartidores que prestan el servicio de delivery (10.000 y 15.000, respectivamente) en la provincia de Buenos Aires. La industria sigue con preocupación esta iniciativa y espera que haya una apertura al diálogo y una discusión con la profundidad necesaria, dada la complejidad del tema.
El diputado Sergio Siciliano, de Juntos Por el Cambio, opina que este proyecto es la puerta de entrada para que los repartidores sean regulados como empleados de las empresas por parte del Poder Ejecutivo, lo cual podría hacer que les cobren impuestos y, por lo tanto, desaparezcan los 25.000 puestos de trabajo. El diputado agregó que la creación del sindicato de repartidores está detrás del proyecto y que esto afectaría a las ganancias de los gastronómicos, ya que el 30% de sus ingresos dependen del servicio de delivery.
En cuanto a las empresas involucradas, tanto Rappi como PedidosYa prefirieron no hacer declaraciones sobre el tema. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también se ha mantenido en silencio. Si bien el sector no se opone a la creación de un registro, como ya existe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba, no están de acuerdo con la parte del proyecto que otorga al gobierno provincial una serie de facultades sobre las condiciones laborales.
Si bien el proyecto ha sido aprobado en la Cámara de Senadores, aún queda por discutirse en Diputados, donde podrían introducirse modificaciones y, en caso de ser aprobado, pasaría al recinto para ser debatido.